La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el 29 de abril de 2026 una decisión de 6 contra 3 que anuló el mapa congresional de Luisiana, al concluir que la redistritación que dio lugar a un segundo distrito mayoritariamente afroestadunidense constituyó un “gerrymander” racial inconstitucional.
En la opinión mayoritaria, redactada por el juez Samuel Alito, el tribunal elevó la carga probatoria para demostrar que la raza fue el factor determinante en el trazado de los distritos, lo que reduce el alcance práctico de la sección central de la Ley de Derecho al Voto que había protegido reclamaciones por dilución del voto de las minorías.
La jueza Elena Kagan, en el voto disidente, advirtió que la resolución podría erosionar la representación de votantes minoritarios en todo el país y remarcó el riesgo de que comunidades afroestadunidenses y latinas pierdan la capacidad de elegir a candidatos de su preferencia.
Como consecuencia inmediata, las autoridades de Luisiana anunciaron la suspensión de las primarias para la Cámara de Representantes el 30 de abril de 2026 y señalaron que el poder legislativo deberá reexaminar y posiblemente redibujar los distritos en el marco de la sesión que concluye el 1 de junio.
Expertos y organizaciones de derechos civiles consideran que la decisión tendrá alcance nacional: al endurecer los estándares para las demandas amparadas en la Ley de Derecho al Voto, la sentencia abre la puerta a nuevas disputas legales y a cambios en mapas electorales en varios estados antes de las elecciones legislativas de 2026.
Los próximos pasos incluyen recursos judiciales adicionales, posibles iniciativas legislativas y un periodo de ajuste a corto plazo en estados que habían adoptado mapas similares; la decisión marca un cambio relevante en la jurisprudencia sobre raza y representación electoral en Estados Unidos.
