El 30 de abril de 2026, diversas protestas multisectoriales —incluyendo bloqueos de carreteras, marchas y paros— paralizaron rutas y servicios en varios departamentos de Bolivia, con especial incidencia en La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro.
El gobierno señaló que enfrenta un “proceso conspirativo en curso” y advirtió que no cederá el mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira. Las movilizaciones concentran demandas por aumentos salariales, la crisis en el suministro de combustibles y el rechazo a reformas económicas impulsadas por la administración.
Organizaciones sindicales y campesinas, así como la Central Obrera Boliviana (COB), anunciaron medidas de presión que incluyen bloqueos indefinidos y paros sectoriales. Las interrupciones complicaron la distribución de diésel y gasolina, provocando filas y corte temporal de rutas clave para el transporte de mercancías y pasajeros.
En días recientes hubo llamados al diálogo, pero las negociaciones se mantienen tensionadas mientras autoridades y líderes sociales intercambian reproches. Observadores y medios locales señalan que la conflictividad acumulada durante los primeros meses de la gestión de Paz ha contribuido a la escalada de protestas.
La situación mantiene a la sociedad y al aparato productivo en alerta por el riesgo de mayor desabasto y afectaciones económicas si los bloqueos persisten en los próximos días.
