Las recompensas que ofrece la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para obtener información sobre personas desaparecidas pueden contribuir a una localización, pero también evidencian deficiencias en las investigaciones, consideró Nancy Mendoza, hermana de Josué Ricardo, desaparecido en Iztapalapa en 2024.
La familiar señaló que este mecanismo no debe sustituir el trabajo ministerial ni las labores de búsqueda. Para que produzca resultados, dijo, tiene que estar acompañado de investigaciones serias, seguimiento a las pistas y coordinación entre las autoridades.
Riesgos para las familias buscadoras
Mendoza advirtió que los estímulos económicos también pueden generar denuncias falsas, intereses económicos o intentos de extorsión contra las familias que buscan a un ser querido. Por ello, consideró necesario que la información recibida sea revisada y corroborada antes de generar expectativas entre los familiares.
La Fiscalía capitalina ha utilizado este esquema para solicitar datos que permitan localizar a personas desaparecidas o víctimas de secuestro, así como para identificar y detener a quienes pudieran estar relacionados con esos hechos. En una convocatoria difundida en septiembre de 2026, ofreció hasta 500 mil pesos por cada uno de diez casos.
En esos avisos se incluyeron nueve personas reportadas como desaparecidas y una víctima de secuestro. El monto podía dividirse entre la información que condujera directamente a la localización de la víctima y los datos que ayudaran a ubicar a los probables responsables.
El caso de Josué Ricardo
Josué Ricardo desapareció el 3 de agosto de 2024, después de acudir a un establecimiento ubicado en Iztapalapa. Su familia presentó una denuncia y desde entonces ha mantenido la búsqueda para conocer su paradero.
La Fiscalía también ha ofrecido una recompensa de 250 mil pesos relacionada con su caso. Sin embargo, para Nancy Mendoza, el incentivo económico por sí solo no garantiza avances: la localización requiere diligencias sólidas, análisis de la información y una actuación constante de las autoridades.
La familiar sostuvo que las recompensas pueden ser útiles como una medida adicional, pero no deben convertirse en la principal estrategia institucional frente a las desapariciones. Para las familias, afirmó, la prioridad sigue siendo obtener resultados concretos y encontrar a sus seres queridos.