El 30 de abril de 2026, varias regiones de Bolivia registraron movilizaciones y bloqueos que obligaron al cierre de carreteras y a la convergencia de marchas hacia la ciudad de La Paz. Los sectores que participaron incluyen transportistas, maestros, mineros y organizaciones indígenas, que exigieron respuestas sobre salarios, combustible y medidas económicas.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira calificó la situación como un “proceso conspirativo” y afirmó que no cederá el mandato otorgado en las urnas, aunque dijo estar dispuesto a dialogar en condiciones que, según la Presidencia, se ajusten a la realidad del Estado.
Entre los puntos de tensión estuvieron bloqueos en rutas hacia los Yungas y el norte paceño, según reportes locales, que afectaron el transporte y el suministro de combustible en zonas afectadas.
Los organizadores de las protestas presentaron demandas que incluyen la revisión de la política de subsidios y aumentos salariales; además, algunos gremios anunciaron medidas de presión escalonadas en los días siguientes.
Las movilizaciones se insertan en un contexto de conflictividad social que acumuló episodios previos durante 2026 por la eliminación de subvenciones a combustibles y otras reformas impopulares, lo que ha tensado la relación entre movimientos sociales y el Ejecutivo.
Autoridades y líderes sociales citaron la urgencia de negociar para evitar una mayor afectación a servicios públicos y la actividad económica, mientras el gobierno proponía la construcción de planes de trabajo como alternativa a pliegos petitorios.
