Entre el 28 y el 30 de abril de 2026, diversas movilizaciones sociales y bloqueos de rutas afectaron varios departamentos de Bolivia, incluida la región de los Yungas y ciudades como El Alto y La Paz.
La protesta fue convocada por organizaciones sindicales y sociales —entre ellas la central obrera— y fue acompañada por un paro escalonado en sectores como salud y transporte. Los manifestantes exigen, entre otras cosas, soluciones a la escasez de combustibles y medidas frente al aumento de precios y políticas consideradas lesivas para el poder adquisitivo.
El gobierno calificó las movilizaciones como parte de un “proceso conspirativo en curso” y rechazó ceder el mandato popular; al mismo tiempo anunció su disposición al diálogo, aunque afirmó que solo aceptará propuestas viables dentro de las posibilidades del Estado.
Los sindicatos anunciaron cabildos y medidas de presión para el 1 de mayo de 2026 (Día del Trabajo) para definir pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de ampliar paros y bloqueos a nivel nacional si no hay acuerdos.
Las tensiones ocurren en un contexto de fragilidad económica: la administración enfrenta demandas sociales por subsidios y por el impacto de decretos recientes sobre precios de combustible, lo que ha exacerbado el descontento en zonas urbanas y rurales.
Autoridades y líderes sociales intercambiaron advertencias públicas y llamados al diálogo durante los días previos; la situación se mantiene volátil y con riesgo de nuevas interrupciones en el suministro y el transporte si las negociaciones no avanzan.
Más detalles y la evolución de las negociaciones se esperan en los próximos días, cuando se definan los resultados de los cabildos y las mesas de diálogo anunciadas.
