El 30 de abril de 2026, Bolivia registró una nueva jornada de movilizaciones multisectoriales que incluyeron marchas, bloqueos de carreteras y llamados a paro en departamentos como La Paz y zonas de los Yungas. Sectores del transporte pesado, campesinos, mineros y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron las acciones.
Los manifestantes demandaron una respuesta al desabasto de diésel, la revisión de la Ley 1720 sobre tierras y respuestas a pliegos petitorios salariales; además protestaron por la calidad y distribución de combustibles. Las movilizaciones provocaron cortes en rutas troncales y afectaron el suministro y la circulación en varias localidades.
En respuesta, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que enfrenta un “proceso conspirativo en curso” y aseguró que no cederá el mandato otorgado por la votación popular. Autoridades llamaron al diálogo mientras la policía reportó puntos de concentración y desvíos en La Paz y El Alto.
Analistas y reportes locales señalan que las protestas son la continuación de un ciclo de conflictividad social iniciado meses antes, relacionado con medidas de ajuste económico, la escasez de combustibles y desacuerdos sobre reformas legales. En las semanas previas se registraron bloqueos y movilizaciones similares en demanda de soluciones inmediatas.
La situación mantiene en alerta a las autoridades y a sectores productivos; organizaciones sociales anunciaron la posibilidad de extender las medidas si no reciben respuestas concretas del Ejecutivo. El panorama podría influir en la estabilidad política y el abastecimiento en las próximas jornadas.
