El Gobierno de México respondió el miércoles 30 de septiembre al llamado de expertos independientes de Naciones Unidas para proteger a las mujeres buscadoras y afirmó que sus opiniones son emitidas a título personal, por lo que no representan la posición oficial de la ONU.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que México reconoce los riesgos que enfrentan las familias y colectivos dedicados a localizar a personas desaparecidas, así como los desafíos pendientes en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.
Los expertos habían advertido sobre niveles alarmantes de violencia contra las mujeres buscadoras. Entre los casos mencionados en Sinaloa están la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina y su hija, y el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.
En su respuesta, el Gobierno mexicano condenó cualquier acto de violencia contra personas buscadoras e integrantes de colectivos de búsqueda. También sostuvo que la localización de personas desaparecidas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas.
Las dependencias federales indicaron que en los últimos años se han fortalecido reformas legales, políticas públicas y acciones dirigidas a combatir la desaparición de personas. Añadieron que la cooperación internacional forma parte de estos esfuerzos mediante asistencia técnica y capacitación con agencias de Naciones Unidas y organismos interamericanos.
El Gobierno también afirmó que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras. Aseguró que cada caso debe atenderse con la debida diligencia y que las autoridades han dialogado con familias y organizaciones para conocer sus planteamientos.
México reiteró su disposición a mantener el diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos y reconoció que la búsqueda, la protección, la investigación, la sanción y la reparación de las víctimas requieren la participación coordinada de las instituciones públicas y de las familias.