Artículo 19 rechazó la reforma aprobada por el Senado al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida públicamente como “Ley Antimemes”, al advertir que sus disposiciones sobre el uso de la identidad gráfica institucional podrían utilizarse contra periodistas, activistas y ciudadanos que publiquen contenidos informativos, críticos o satíricos.
La organización señaló que el dictamen contempla sanciones penales cuando el uso de elementos de identidad gráfica gubernamental se relacione con factores como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, consideró que la redacción no delimita con suficiente claridad las conductas que podrían ser castigadas.
De acuerdo con Artículo 19, la falta de salvaguardas explícitas para proteger la libertad de expresión podría provocar que periodistas, activistas y ciudadanos eviten utilizar determinados recursos visuales en sus publicaciones ante el riesgo de enfrentar procedimientos penales.
“Estas disposiciones podrían utilizarse para hostigar a periodistas, activistas y otras personas que emplean la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos e informativos”, advirtió la organización.
La organización reconoció que la reforma puede perseguir una finalidad legítima, como prevenir fraudes relacionados con la apariencia oficial de documentos, plataformas o servicios. No obstante, sostuvo que el Estado debe justificar por qué es necesario recurrir a penas de prisión y explicar por qué otros mecanismos no penales resultarían insuficientes.
También alertó que el uso del derecho penal en asuntos vinculados con la libertad de expresión puede generar un efecto disuasivo y atemorizador que no se limita a la persona sancionada, sino que puede desalentar la participación de otras personas en el debate público.
El dictamen aprobado por el Senado incorpora un nuevo supuesto relacionado con la utilización, reproducción, imitación o incorporación de la identidad gráfica institucional en determinadas circunstancias. Durante la discusión legislativa, legisladores de oposición cuestionaron que los conceptos empleados pudieran quedar sujetos a interpretaciones amplias y afectar expresiones políticas, caricaturas, parodias o memes.
La organización pidió a la Cámara de Diputados analizar las críticas y rechazar la propuesta en su totalidad. Asimismo, subrayó que cualquier legislación penal debe definir con precisión las conductas prohibidas para garantizar la seguridad jurídica y respetar los derechos humanos.
La reforma aún debe continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el debate se mantiene entre quienes sostienen que las modificaciones buscan combatir fraudes y proteger la propiedad intelectual, y quienes advierten que su redacción podría tener consecuencias negativas para la libertad de expresión.