El estudio “Entender para prevenir: Factores Asociados al Delito Sexual” (FADES), elaborado por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y Reinserta, concluyó que las personas sentenciadas por delitos sexuales no presentan, de manera general, un trastorno mental o parafílico que explique su conducta criminal.
La investigación fue presentada el 29 de septiembre de 2026 en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Sus resultados cuestionan la idea de que existe un perfil psicológico único entre quienes cometen violencia sexual y advierten que las estrategias de prevención deben centrarse también en las creencias, los sesgos cognitivos, el entorno social y la impunidad.
Una muestra de 511 personas privadas de la libertad
El estudio incluyó a 511 personas privadas de la libertad en 10 centros penitenciarios y de reinserción ubicados en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. Del total, 492 eran hombres y 19 mujeres; la edad promedio fue de 43.8 años.
La muestra estuvo integrada por personas sentenciadas por delitos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y adultos. De ellas, 218 habían cometido delitos contra niñas y niños, 189 contra adolescentes y 104 contra adultos.
Los especialistas aclararon que los resultados describen a la población penitenciaria estudiada y no representan a todas las personas que cometen delitos sexuales, especialmente aquellas que no son denunciadas, investigadas o sentenciadas.
Los tamizajes no equivalen a diagnósticos
Entre los participantes, 26.4 por ciento presentó síntomas compatibles con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 7.2 por ciento obtuvo un resultado positivo en el tamizaje de estrés postraumático. Solo 3.1 por ciento presentó un resultado positivo para posibles síntomas de un trastorno parafílico.
La investigación también identificó síntomas de depresión, ansiedad y manía en parte de la muestra. Sin embargo, los especialistas subrayaron que los instrumentos utilizados detectan síntomas que pueden requerir una valoración clínica, pero no prueban por sí mismos un diagnóstico médico ni establecen que una condición de salud mental haya causado un delito.
Creencias y falta de empatía aparecen entre los factores asociados
El análisis encontró ideas equivocadas sobre la violencia sexual, entre ellas la creencia de que los hombres no pueden ser víctimas de violación o que las mujeres denuncian para llamar la atención. También se observaron dificultades para reconocer el consentimiento, asumir la responsabilidad y dimensionar el daño causado a las víctimas.
En la evaluación psicosocial, 52 por ciento de los participantes presentó niveles bajos de empatía. No obstante, los investigadores señalaron que estos datos no permiten construir un perfil universal ni identificar de antemano a una persona que cometerá un delito sexual.
Las entrevistas también registraron antecedentes de violencia familiar y experiencias adversas durante la infancia. Estos elementos fueron analizados como factores relacionados con la población estudiada, pero no como causas únicas ni como predictores automáticos de una conducta delictiva.
Cuestionan la castración química como solución general
Durante la presentación, especialistas señalaron que la castración química o física no sustituye la atención especializada ni garantiza que una persona no vuelva a agredir después de recuperar su libertad. La propuesta planteada fue desarrollar intervenciones psicológicas individualizadas que trabajen las creencias, la comprensión del daño y la responsabilidad por los actos.
También se destacó la necesidad de contar con programas especializados dentro de los centros penitenciarios y con seguimiento posterior a la liberación, además de planes de reinserción que consideren las características y los riesgos de cada persona.
Recomiendan políticas de prevención y atención
Entre las propuestas se encuentran campañas nacionales sobre prevención de la violencia sexual, contenidos educativos sobre consentimiento, autonomía corporal y relaciones saludables, así como talleres para madres, padres y personas cuidadoras.
El estudio también plantea crear rutas interinstitucionales para detectar, denunciar y atender los casos, además de protocolos escolares y comités de prevención y atención de violencias. La finalidad es evitar que la responsabilidad de protegerse recaiga en niñas, niños y adolescentes.
Los investigadores concluyeron que comprender los factores asociados a los delitos sexuales no implica justificar a quienes los cometen. El objetivo es mejorar la prevención, fortalecer la respuesta institucional y desarrollar estrategias de atención que reduzcan la violencia y favorezcan una reinserción social con seguimiento.