El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, defendió el 29 de septiembre de 2026 la reforma aprobada por el Senado de la República en materia de nacionalidad única y sostuvo que ocupar las más altas responsabilidades públicas implica obligaciones particulares frente al Estado mexicano.
A través de redes sociales, Lazzeri afirmó que tener dos nacionalidades no hace a una persona menos mexicana. Señaló que el debate se centra en los requisitos que deben cumplir quienes deciden representar al Estado desde cargos de alta responsabilidad.
La reforma plantea extender a determinadas responsabilidades públicas un principio que, de acuerdo con el embajador, ya se aplica en el Servicio Exterior Mexicano. Entre los cargos considerados se encuentran la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El argumento del embajador
Lazzeri sostuvo que la exigencia de nacionalidad única responde a la responsabilidad de quienes representan los intereses nacionales. Su planteamiento parte de que, a mayor responsabilidad pública, deben corresponder mayores obligaciones frente al país.
También explicó que la legislación mexicana establece requisitos específicos para quienes ejercen funciones diplomáticas de alto nivel. En particular, señaló que para desempeñarse como embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad.
El funcionario remarcó que la propuesta no busca eliminar la doble nacionalidad para la población mexicana. La modificación se enfoca en las condiciones aplicables a quienes voluntariamente aspiran a ocupar las responsabilidades más altas del Estado.
Alcance de la reforma
El proyecto discutido en el Congreso establece que las personas con doble nacionalidad que busquen ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina deberán renunciar a la nacionalidad adicional conforme a los requisitos constitucionales planteados.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó primero en comisiones de la Cámara de Diputados y posteriormente fue discutida en el Senado. Durante el proceso legislativo, legisladores de oposición cuestionaron que la medida pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero o cuentan con doble nacionalidad.
En contraste, la defensa de la reforma sostiene que quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales deben acreditar una relación jurídica exclusiva con México al asumir sus funciones.
Lazzeri concluyó que la doble nacionalidad no está en discusión y que el objetivo es definir obligaciones específicas para quienes decidan representar al Estado mexicano desde las posiciones de mayor responsabilidad.