El gobierno de Cuba rechazó el 19 de septiembre de 2026 las acusaciones de Estados Unidos que vinculan a dos ciudadanos de origen cubano con una red relacionada con los servicios de inteligencia rusos y un supuesto complot para asesinar a disidentes en territorio estadounidense.
La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, afirmó que Washington pretende relacionar a La Habana con delitos que, según sostuvo, no tienen conexión con el país. También acusó al gobierno estadounidense de utilizar el caso como argumento para justificar nuevas medidas de presión contra la isla.
La acusación estadounidense se basa en una investigación del FBI y en un expediente presentado ante un gran jurado federal en Nueva York. De acuerdo con ese documento, cinco personas fueron acusadas por su presunta participación en una red que habría reclutado a individuos para vigilar y asesinar a disidentes rusos, además de planear ataques contra infraestructura civil y militar en países considerados cercanos a Ucrania o a la OTAN.
Entre los acusados figuran ciudadanos rusos, cubanos y venezolanos. Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos integrantes de la red buscaron reclutar personas dentro de Estados Unidos para vigilar a un disidente ruso que presuntamente se encontraba en Washington, así como para realizar otras operaciones en territorio estadounidense y Europa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos describió a Cuba como una amenaza persistente y afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca desmantelar redes que operan en nombre de adversarios extranjeros. La Habana negó que las acusaciones demuestren una participación del gobierno cubano y calificó los señalamientos como una campaña sin pruebas suficientes.
El intercambio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos. La administración de Trump ha endurecido su política hacia la isla mediante restricciones energéticas y sanciones, mientras el gobierno cubano acusa a Washington de construir un expediente para justificar la presión económica y posibles acciones adicionales.