La decisión del Gobierno federal de desaparecer las escuelas militarizadas en México dejará en incertidumbre a 12 mil 813 estudiantes, de acuerdo con un análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, elaborado con datos del ciclo escolar 2024-2025.
El estudio plantea que la medida, anunciada después de casos de presunto maltrato y muertes en academias de este tipo, debe acompañarse de reglas claras para diferenciar entre abusos y prácticas de disciplina positiva o legítima. También advierte que la falta de coordinación entre autoridades educativas federales, estatales y municipales ha dificultado la supervisión de los planteles.
La mayoría de los alumnos cursa el bachillerato
La revisión del Formato 911 y del Catálogo de centros de trabajo identificó 59 servicios educativos militarizados en los tres niveles educativos. De ellos, 55 reportaron matrícula y cuatro no se encontraban activos. Los planteles con estudiantes inscritos se distribuyen en 18 estados del país.
La oferta está integrada por 18 escuelas de educación básica, 36 de educación media superior y una institución de educación superior. Del total de alumnos, 11 mil 714 cursan el bachillerato, equivalente a 91.4 por ciento de la matrícula nacional militarizada; 850 estudian educación básica y 249, nivel superior.
Los datos también muestran que el modelo se concentra principalmente en instituciones públicas. Aunque se identificaron 30 escuelas privadas, estas atienden a mil 498 estudiantes, el 11.7 por ciento de la matrícula. En contraste, 25 planteles públicos concentran a 11 mil 315 alumnos, equivalentes al 88.3 por ciento.
Nuevo León y Guanajuato concentran 70.5% de la matrícula
Nuevo León y Guanajuato reúnen 18 de las escuelas identificadas y concentran a 9 mil 36 estudiantes, es decir, 70.5 por ciento de la matrícula nacional. En algunos de sus bachilleratos públicos se ofrecen opciones técnicas como ciberseguridad, además de actividades como bandas de guerra y otros ejercicios de formación disciplinaria.
El análisis señala que las motivaciones detrás de este modelo son distintas. En el sector privado, algunas familias buscan una formación que funcione como correctivo conductual; mientras que en el ámbito público se ha planteado como una alternativa para prevenir el reclutamiento delictivo de jóvenes en zonas con altos niveles de marginación.
La investigación también refiere que en planteles de Nuevo León y Guanajuato se han observado avances en comprensión lectora, matemáticas, ciencias y mentalidad de crecimiento. Sin embargo, subraya que esos posibles beneficios no justifican prácticas violentas ni la ausencia de mecanismos eficaces de vigilancia.
El debate entre disciplina y abuso
El estudio sostiene que no toda forma de educación militar o castrense implica abusos. La disciplina positiva o legítima puede fomentar la autorregulación, la puntualidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la convivencia pacífica; las bandas de guerra y los equipos deportivos representativos son señalados como ejemplos de actividades que no necesariamente implican violencia.
Al mismo tiempo, diversos casos documentados en Tamaulipas, Morelos, Puebla, Sonora y Aguascalientes han puesto bajo escrutinio las novatadas, los castigos físicos, el bullying, las amenazas y otras prácticas denunciadas por estudiantes y familias.
La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida en julio de 2026 durante un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, detonó la revisión nacional de estos centros. El caso se investiga como feminicidio y derivó en denuncias adicionales relacionadas con hechos ocurridos en la institución.
También se han reportado otros fallecimientos y agresiones en actividades organizadas por academias militarizadas. Estos antecedentes impulsaron llamados para revisar los permisos, la supervisión y las condiciones en que operan los planteles que utilizan esquemas de disciplina militar.
Pendiente, una regulación clara
La IEEC plantea que la Secretaría de Educación Pública establezca un marco normativo preciso sobre las prácticas permitidas, las responsabilidades de cada autoridad y los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes. El objetivo sería evitar que los ejercicios de disciplina legítima sean confundidos con violencia, pero también impedir que los abusos se oculten bajo una etiqueta educativa.
Mientras se define el futuro de estas escuelas, miles de estudiantes y sus familias enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus estudios y la eventual reubicación de los servicios educativos. La discusión deberá considerar tanto la seguridad de los menores como las diferencias entre los modelos públicos y privados que operan en el país.