La asociación civil Víctimas de Despojo CDMX presentará al Congreso de la Ciudad de México una propuesta de reforma administrativa para prevenir el despojo de inmuebles mediante firmas obligatorias con datos biométricos en escrituras notariales, expedientes digitales de cada inscripción pública y una unidad especializada de inteligencia en la Fiscalía capitalina.
La propuesta será impulsada por alrededor de un centenar de personas afectadas que se han organizado para exponer sus casos ante legisladores y solicitar mecanismos de prevención frente a posibles fraudes, actos de corrupción, redes criminales y manipulación registral.
Hugo Torres Zumaya, concejal de Morena en Benito Juárez y vocero de la asociación, informó que acordó con César Emilio Guijosa Hernández, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso capitalino, realizar un foro sobre el despojo inmobiliario durante los próximos días. La fecha aún está por definirse.
Medidas propuestas para prevenir el delito
Entre las medidas planteadas se encuentra el uso obligatorio de datos biométricos en la firma de escrituras notariales, así como la creación de expedientes digitales relacionados con cada inscripción en el registro público. También se propone establecer una unidad de inteligencia que investigue de manera específica las operaciones vinculadas con fraude, corrupción y alteraciones registrales.
El foro buscará elaborar un diagnóstico sobre el problema y formular iniciativas que complementen las reformas penales aprobadas en noviembre de 2025. Esos cambios elevaron las penas por despojo, incorporaron la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad como formas de comisión, y modificaron disposiciones civiles, registrales y notariales.
Participación de autoridades y especialistas
A la reunión se prevé convocar a representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Colegio de Notarios, instituciones académicas y centros de investigación, además de las víctimas que integran la asociación.
Legisladores y representantes vecinales también han planteado dar seguimiento individual a las denuncias y acompañar a las familias afectadas. El objetivo es que las nuevas disposiciones legales se traduzcan en acciones de prevención, atención y restitución para quienes enfrentan la pérdida o la ocupación irregular de sus viviendas.