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Trump elimina protecciones federales para estudiantes LGBTQI bajo el Título IX

El Gobierno de Donald Trump revocó formalmente el lunes 28 de septiembre de 2026 las normas aprobadas durante la administración de Joe Biden que ampliaban las protecciones contra la discriminación sexual para incluir de manera explícita la orientación sexual y la identidad de género en instituciones educativas de Estados Unidos.

La decisión del Departamento de Educación elimina del registro federal la regulación de 2024 y restablece el marco aprobado durante el primer mandato de Trump. Aunque el cambio se formalizó ahora, esas normas ya habían dejado de aplicarse desde enero de 2025 debido a impugnaciones judiciales y decisiones de tribunales que bloquearon su implementación.

Qué establecía la regulación de 2024

La normativa de Biden interpretó por primera vez de forma explícita que el Título IX, una ley federal de 1972, también prohibía la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Sus disposiciones protegían a estudiantes y empleados de centros educativos que reciben fondos federales.

Además, ampliaba la definición de acoso relacionado con el sexo para incluir conductas vinculadas con la orientación sexual o la identidad de género, así como agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso.

Regreso a las normas de 2020

Con la revocación, el Departamento de Educación vuelve formalmente a las reglas de 2020, que establecen una definición más limitada del acoso sexual y contemplan mayores garantías de debido proceso para los estudiantes acusados.

El Título IX continúa prohibiendo la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben financiamiento federal. Sin embargo, el marco restablecido ya no reconoce dentro de esa regulación federal específica la orientación sexual y la identidad de género como categorías expresamente protegidas.

La medida representa un cambio formal en las normas federales de educación, aunque su efecto práctico comenzó antes por las decisiones judiciales que impidieron la aplicación de la regulación de 2024 en distintas partes del país.