El Senado de la República aprobó el 30 de septiembre de 2026, en lo general, reformas a la Ley de Inversión Extranjera para fortalecer la revisión de adquisiciones realizadas con capital extranjero que puedan representar amenazas o riesgos para la seguridad nacional. El dictamen obtuvo 65 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 30 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La reforma amplía la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrán voz y voto en los asuntos correspondientes.
Nuevo procedimiento para inversiones sensibles
El proyecto establece un mecanismo específico de escrutinio para determinadas operaciones de inversión extranjera, especialmente aquellas que impliquen una participación superior a 49 por ciento en empresas mexicanas y que estén relacionadas con infraestructura estratégica, tecnologías críticas, insumos fundamentales, seguridad alimentaria o información sensible.
En los casos vinculados con seguridad nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera podrán participar como invitados permanentes, aunque sin derecho a voto. También se prevé que la Comisión rinda informes sobre su gestión en esta materia.
Entre los cambios al dictamen se contempla reducir de 60 a 45 días hábiles el plazo para resolver solicitudes relacionadas con seguridad nacional. La medida busca agilizar el análisis de las operaciones y dar mayor certidumbre a las empresas que soliciten autorización.
Oposición cuestiona participación militar
Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron su rechazo a que las instituciones militares tengan voz y voto en las decisiones sobre inversión extranjera. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas sostuvo que la reforma puede representar una militarización de la economía, al otorgar a las Fuerzas Armadas un papel directo en la determinación de quién puede invertir en México.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte de una propuesta para revisar con mayor detalle las inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos. Tras su aprobación en lo general, el proceso legislativo continuará conforme a las etapas previstas por el Senado.