La Segunda Comisión de la Permanente aprobó un dictamen que busca convertir en obligatorios los protocolos para la prevención, detección y atención del acoso escolar en todos los planteles públicos y privados del país.
El documento establece la obligación de actualizar los protocolos al menos cada dos años y detalla componentes mínimos como mecanismos de denuncia confidencial, medidas de protección inmediata, atención psicológica urgente y coordinación con autoridades de salud y procuración de justicia.
Capacitación y registro nacional
El dictamen propone programas obligatorios de capacitación para el personal educativo: una formación inicial de al menos 40 horas para personal de nuevo ingreso y actualizaciones anuales de al menos 20 horas para quienes ya están en servicio, además de la certificación oficial de dichas competencias.
Asimismo, plantea la creación del Sistema Nacional de Información sobre Violencia Escolar, un registro centralizado para consolidar estadísticas desagregadas, dar seguimiento a casos y publicar informes semestrales que permitan identificar patrones y orientar políticas públicas.
Contexto y datos relevantes
En el dictamen se cita la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), que reporta que alrededor del 28.5% de las personas de 12 a 17 años ha experimentado alguna forma de acoso escolar. Ante este panorama, la SEP ha presentado lineamientos y convocatorias para fortalecer entornos escolares seguros y atender el ciberacoso.
Gobiernos estatales han informado del refuerzo de protocolos locales y jornadas de prevención que complementan las medidas federales, aunque legisladores advierten que se requiere armonizar criterios y recursos para garantizar la implementación efectiva.
Implicaciones prácticas
De convertirse en norma o en un acuerdo de aplicación general, las escuelas tendrían que instalar sistemas de detección temprana, procedimientos claros con responsables y plazos, así como mecanismos de rendición de cuentas sobre el manejo de incidentes.
Expertos y autoridades coinciden en que la efectividad dependerá del financiamiento para capacitación, de la formación docente y de la coordinación interinstitucional entre educación, salud y justicia.
La meta es garantizar entornos escolares seguros, saludables e incluyentes, con medidas que prioricen la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Seguiremos la evolución legislativa y la respuesta de la SEP para actualizar esta nota con declaraciones oficiales y detalles sobre plazos de implementación.