La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal-total el desarrollo inmobiliario turístico Las Dunas, ubicado en Chuburná, comisaría de Puerto Progreso, Yucatán, después del desmonte de más de 90 mil metros cuadrados de arena y vegetación costera.
La medida fue identificada en el sitio mediante una manta con el expediente PFPA/3712/354/0080-26, el folio PFPA/YUC/092/IA/2026 y la leyenda “clausurado”. Hasta el momento, la dependencia federal no ha informado públicamente los detalles del procedimiento.
Proyecto inmobiliario en Chuburná
El desarrollo pertenece a la empresa Auralux Representaciones. De acuerdo con la información disponible, los permisos estatales fueron otorgados durante la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal, quien estuvo al frente de Yucatán de 2018 a 2024.
El desmonte de 92 mil 17.3 metros cuadrados comenzó a mediados de julio, según activistas de la agrupación Salvemos Las Dunas. En el predio se proyectaba la construcción de 14 torres con 138 departamentos, distribuidas en dos secciones.
Alertan por afectaciones a especies protegidas
Organizaciones ambientalistas advirtieron que la intervención de la zona podría afectar especies protegidas de la península de Yucatán, entre ellas el colibrí tijereta mexicano (Doricha eliza), catalogado en peligro de extinción, y la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus), considerada una especie amenazada.
Ambas aves están contempladas en la NOM-059-SEMARNAT, norma que identifica las especies nativas de México en riesgo y establece categorías de protección.
Antecedentes de la intervención oficial
El 26 de julio, activistas denunciaron que las obras del complejo turístico provocaban afectaciones a la flora y fauna de la zona. Tras la polémica, el gobierno de Yucatán informó que solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones federales del proyecto.
La clausura temporal-total mantiene suspendidas las actividades en el desarrollo mientras las autoridades ambientales determinan las acciones correspondientes conforme al procedimiento iniciado.