El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, propuso discutir un esquema de portación legal de armas de fuego para ciudadanos que cumplan requisitos y controles específicos, como parte de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa.
La propuesta fue presentada el 17 de septiembre de 2026 y contempla realizar foros en los 32 congresos locales para analizar las condiciones de seguridad, los alcances de la legítima defensa y la posibilidad de establecer cambios legales en la materia.
Azar Figueroa sostuvo que la iniciativa no busca una venta generalizada de armas, sino establecer un protocolo para que únicamente las personas que acrediten determinadas condiciones puedan acceder a una licencia de portación. Entre los requisitos mencionados se encuentran no tener antecedentes penales, aprobar un examen psicológico, recibir capacitación y superar una evaluación.
El planteamiento también considera que cada arma cuente con una huella balística para vincularla con su propietario y facilitar la identificación en caso de que sea utilizada en un delito. El dueño asumiría la responsabilidad sobre el uso del arma.
Foros abordarían seguridad y protección a terceros
Los encuentros propuestos se dividirían en cuatro mesas de discusión: legítima defensa y derechos ciudadanos; seguridad pública, delincuencia y capacidad de respuesta del Estado; requisitos para determinar quién podría portar armas; y medidas de protección para terceros.
El dirigente panista señaló que el debate debe considerar las diferencias entre las entidades del país y escuchar a ciudadanos, especialistas, autoridades y víctimas de la delincuencia. Al finalizar los foros se integraría el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa, con posibles propuestas de reformas constitucionales y legales.
De acuerdo con la propuesta, en México habría alrededor de 19 millones de armas en posesión de particulares, de las cuales 15 millones estarían en situación irregular. El planteamiento busca incorporar estas armas a un mecanismo de regulación, aunque cualquier modificación tendría que ajustarse al marco federal vigente.