Tres familias palestinas permanecen sitiadas desde hace seis días en la localidad de Qusra, en Cisjordania ocupada, luego de que colonos israelíes instalaran puestos alrededor de sus viviendas y restringieran su salida, el acceso a agua y el suministro eléctrico.
El cerco continuaba el viernes 14 de agosto de 2026, pese a intervenciones intermitentes de soldados israelíes para retirar los puestos. Las familias temen que los colonos regresen cuando las fuerzas militares abandonen la zona y ocupen sus casas.
La situación escaló cuando cerca de 100 activistas que intentaban apoyar a las familias y llevarles suministros fueron atacados por un colono israelí. El hombre fue grabado mientras disparaba al aire y después apuntaba contra activistas palestinos, de acuerdo con los reportes sobre el incidente.
El alcalde de Qusra, Abdulazim Wadi, denunció que el ejército israelí expulsó por la fuerza a cinco activistas italianos que permanecían junto a las familias. Otros activistas afirmaron que los soldados les impidieron avanzar hacia las viviendas y los amenazaron con utilizar gases lacrimógenos.
Las familias han enfrentado una reducción de sus reservas de alimentos y agua. La presencia militar alrededor de las casas no ha impedido que los colonos permanezcan en las inmediaciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre la seguridad y el futuro de los residentes.
“No es una cuestión de capacidad, sino de voluntad”, sostuvo el grupo israelí de derechos humanos Yesh Din al exigir que las fuerzas israelíes retiren a los colonos y permitan el regreso de los activistas a sus posiciones.
El episodio ocurre en un contexto de creciente violencia de colonos contra comunidades palestinas de Cisjordania. Qusra, ubicada al sur de Nablus, ha registrado otros ataques durante 2026, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre el desplazamiento de familias y la expansión de puestos de colonos.
Hamas y la Autoridad Nacional Palestina también cuestionaron la decisión del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, de transferir a la policía las atribuciones para hacer cumplir la ley sobre las actividades de los colonos en los asentamientos. Ambas partes calificaron la medida como un paso hacia la anexión de facto y la imposición de leyes de ocupación.
Por ahora, las familias continúan dentro de sus viviendas, mientras activistas y organizaciones de derechos humanos piden una intervención que garantice su protección, el acceso a suministros básicos y el retiro de los colonos del área.