Organismos internacionales y gobiernos estuvieron en contra de la propuesta iraní de cobrar un peaje por el paso de buques a través del estrecho de Ormuz, y subrayaron que no existe fundamento legal para imponer tarifas sobre el tránsito marítimo internacional.
La decisión se produce en un contexto de alta tensión: el tránsito por el estrecho quedó prácticamente paralizado desde el 28 de febrero, lo que generó retrasos y concentración de embarcaciones en aguas cercanas, así como un impacto inmediato en los precios energéticos y en las cadenas de suministro.
Las autoridades que rechazaron la iniciativa advirtieron además del riesgo que implica normalizar cargas por el uso de una vía de tránsito internacional, y señalaron que introducir peajes sentaría un precedente peligroso para la seguridad de la navegación y el orden jurídico marítimo global.
Analistas y actores del sector marítimo han señalado que, mientras persista la interrupción del paso, permanecerá la incertidumbre sobre el tiempo de reapertura y las condiciones para garantizar tránsito seguro y sin coerción para el tráfico comercial.
El repudio internacional a la propuesta se suma a otras medidas y tensiones diplomáticas en curso, que mantienen bajo escrutinio las rutas de suministro energético y las respuestas de estados y organismos multilaterales a la crisis.
