El 30 de abril de 2026, múltiples movilizaciones —incluidas marchas campesinas, bloqueos de carreteras y cabildos convocados por la Central Obrera Boliviana (COB)— afectaron distintos departamentos de Bolivia y elevaron la presión sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Los sectores movilizados reclaman, entre otras demandas, la anulación de la Ley 1720 (promulgada el 8 de abril de 2026) que reclasifica predios de pequeña a mediana propiedad, aumentos salariales solicitados por la COB y medidas para revertir el desabasto de combustibles que ha afectado a varias regiones.
El Ejecutivo describió las protestas como parte de un “proceso conspirativo en curso” y rechazó ceder el mandato otorgado por las urnas, al tiempo que ofreció llamados al diálogo con representantes de distintos sectores. El presidente Rodrigo Paz escribió en redes: “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones”.
La movilización campesina que llegó a La Paz partió desde principios de abril desde la región amazónica de Pando; otras columnas y organizaciones —como federaciones de mineros y sindicatos de transporte— anunciaron paros escalonados y bloqueos para principios de mayo.
Analistas y reportes locales señalan que las tensiones se suman al contexto político tras los comicios regionales de abril de 2026, en los que el partido del presidente obtuvo resultados mixtos, y que algunos sectores históricos del país mantienen influencia en las movilizaciones.
Las autoridades municipales y nacionales han alternado llamados al diálogo con advertencias sobre acciones legales para garantizar la movilidad y el abastecimiento. Por ahora, las negociaciones y la evolución de las protestas permanecen abiertas, con la posibilidad de nuevas jornadas de paro y bloqueos en los próximos días.
