El presidente de Argentina, Javier Milei, envió este jueves 17 de septiembre de 2026 al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que busca reforzar el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización.
La iniciativa propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y ampliar su alcance a actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en las islas, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
Penas de hasta 20 años de prisión
El proyecto contempla sanciones administrativas y penales para empresas, accionistas, proveedores y otras personas involucradas en operaciones no autorizadas. Entre las medidas previstas se encuentran multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para operar en Argentina.
Para la prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización se plantean penas de entre 12 y 15 años de prisión. En tanto, la exploración o explotación de recursos naturales no renovables podría castigarse con condenas de hasta 20 años, mientras que la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos tendrían penas de entre 15 y 20 años.
Nuevo Sistema de Seguridad Nacional
La propuesta también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de las áreas de Jefatura de Gabinete, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, inteligencia y asuntos legales.
El organismo tendría la función de coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia, además de participar en la protección de infraestructuras críticas y de la soberanía nacional.
El proyecto amplía asimismo la definición de Defensa Nacional y establece herramientas para responder ante amenazas externas. Entre sus disposiciones se incluyen medidas relacionadas con la protección de espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
El Gobierno argentino pidió al Congreso dar máxima prioridad y celeridad al tratamiento de la iniciativa. El texto deberá ser analizado por las comisiones legislativas antes de avanzar en el proceso parlamentario.