La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, criticó la propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias impulsada por el Gobierno federal y advirtió que podría convertirse en un mecanismo de censura. La mandataria estatal difundió el señalamiento mediante un video en sus redes sociales, en el que cuestionó que el Poder Ejecutivo pudiera definir qué información es verdadera y quién puede difundirla.
El anteproyecto se encuentra en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. La propuesta busca establecer mecanismos para que las audiencias de radio y televisión ejerzan sus derechos frente a los medios de comunicación, incluida la posibilidad de presentar comentarios y aportaciones sobre el contenido regulatorio.
La gobernadora advierte riesgos para la libertad de expresión
Campos Galván sostuvo que durante los últimos años se ha polarizado el debate público y se ha señalado como mentira o traición a la patria a quienes critican al gobierno. También cuestionó que se pretenda establecer una frontera oficial entre información y opinión desde el ámbito del Ejecutivo federal.
La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden, afirmó la gobernadora en su mensaje.
La mandataria de Chihuahua afirmó que la propuesta representa una amenaza para locutores, editorialistas, reporteros, medios de comunicación e informadores. En ese sentido, alertó que las restricciones podrían extenderse posteriormente a personas que expresen opiniones distintas en redes sociales o en espacios públicos.
El Gobierno federal rechaza que se trate de censura
La discusión ocurre mientras el Gobierno federal defiende que los lineamientos buscan fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información y promover una mayor claridad entre contenidos informativos, opiniones, análisis y publicidad. La propuesta también contempla mecanismos relacionados con códigos de ética y defensores de las audiencias.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió la consulta pública para recibir comentarios de radioescuchas, televidentes, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y otros sectores interesados. El documento todavía se encuentra en etapa de revisión, por lo que su contenido podría modificarse antes de una eventual aprobación.
La controversia ha colocado nuevamente en el centro del debate nacional los límites entre la protección de las audiencias, la regulación de los medios y la libertad de expresión. El resultado de la consulta pública definirá los siguientes pasos para la propuesta.