La administración del presidente Donald Trump impuso el 24 de julio de 2026 nuevos aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento a productos de 60 economías, incluida la Unión Europea, bajo el argumento de que esos países no prohíben o no hacen cumplir de manera efectiva las restricciones a bienes elaborados con trabajo forzoso.
Las medidas entraron en vigor cuando expiró un arancel temporal global de 10 por ciento. El gobierno estadounidense justificó la decisión mediante investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, centradas en las políticas de sus socios comerciales frente al trabajo forzoso.
Una medida dirigida a 60 economías
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que los gravámenes buscan responder a la falta de prohibiciones o de mecanismos eficaces para impedir la importación de mercancías producidas total o parcialmente con trabajo forzoso. La Unión Europea y otros socios comerciales cuestionaron la justificación y el alcance de la medida.
En el caso de los países que cuentan con leyes contra el trabajo forzoso, pero que Washington considera insuficientes en su aplicación, se estableció una tasa de 10 por ciento. Para otras economías se fijó un arancel de 12.5 por ciento.
El debate sobre la reciprocidad
La nueva ronda de aranceles también reavivó las críticas sobre el uso de argumentos comerciales y laborales para sostener medidas de presión contra otros países. El debate se concentra en si los gravámenes responden principalmente a la protección de los derechos laborales o si funcionan como una vía para mantener los impuestos a las importaciones después de que expirara el esquema temporal.
La controversia incluye la situación del trabajo penitenciario en Estados Unidos. La Decimotercera Enmienda permite una excepción a la prohibición de la servidumbre involuntaria cuando se trata de una pena impuesta tras una condena penal, una disposición que ha sido vinculada históricamente con el uso de mano de obra carcelaria.
Ese marco legal ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que Estados Unidos exija controles laborales a sus socios sin revisar al mismo tiempo las condiciones de producción dentro de su propio territorio. La discusión también ha puesto atención en los efectos de los aranceles sobre las cadenas globales de suministro y el comercio internacional.
Una nueva etapa de tensión comercial
Los gravámenes forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para utilizar los aranceles como instrumento de negociación y presión económica. La medida afecta a socios con políticas laborales distintas y mantiene abierta la posibilidad de nuevas disputas comerciales, especialmente con la Unión Europea y China.
A partir de ahora, los gobiernos y empresas involucrados deberán evaluar el impacto de los nuevos costos de importación, así como los requisitos para demostrar que sus cadenas de suministro cumplen con las prohibiciones contra el trabajo forzoso.