Las criptomonedas han ganado presencia en América Latina, aunque todavía no se utilizan de manera masiva. Al mismo tiempo, autoridades de distintos países han investigado su uso en casos de fraude, lavado de dinero, presunta corrupción y financiamiento de actividades delictivas.
Los expedientes muestran que los activos digitales pueden aparecer en operaciones muy distintas: desde la promoción de tokens especulativos y plataformas de inversión falsas hasta el movimiento de recursos vinculados con narcotráfico, secuestros y otras actividades del crimen organizado.
Argentina: el caso de $LIBRA
Uno de los casos más conocidos ocurrió en Argentina con la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei como un proyecto para financiar pequeñas empresas argentinas. Después de la publicación se registró una compra masiva que elevó rápidamente su precio.
El valor del activo se desplomó poco tiempo después. Tras las controversias sobre el proyecto y las especulaciones acerca de una posible vulneración de su cuenta, Milei eliminó la publicación y señaló que decidió retirar su apoyo luego de revisar la iniciativa. El caso derivó en investigaciones sobre posibles irregularidades y movimientos financieros sospechosos.
México: activos virtuales y redes de lavado
En México, las autoridades han identificado el uso de activos virtuales en operaciones relacionadas con organizaciones criminales. Entre los grupos señalados en investigaciones se encuentran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha bloqueado cuentas bancarias y activos de personas y empresas vinculadas con redes de lavado que utilizan criptoactivos para mover ganancias y financiar actividades ilícitas, incluidas operaciones relacionadas con el narcotráfico y el fentanilo.
Chile: billeteras digitales vinculadas al Tren de Aragua
En Chile, investigaciones sobre estructuras relacionadas con el denominado brazo financiero del Tren de Aragua apuntaron al uso de criptomonedas para ocultar el origen de recursos procedentes del crimen organizado.
En junio de 2025, la Fiscalía solicitó el congelamiento, cierre e incautación de billeteras digitales vinculadas con el caso. Las pesquisas también detectaron operaciones en plataformas de intercambio para convertir criptoactivos en dinero fiduciario, como el peso chileno.
Colombia: inversiones falsas y lavado de activos
En Colombia, investigaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero y de la Fiscalía General han documentado el uso de criptomonedas en casos de lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción administrativa y la minería ilegal de oro.
También se han desarticulado redes transnacionales dedicadas al contrabando y a la captación masiva e ilegal de dinero mediante plataformas que ofrecían rendimientos fijos mensuales en activos virtuales.
Brasil: operaciones de gran escala
En Brasil, la Policía Federal y el Ministerio Público han investigado operaciones de gran escala relacionadas con criptoactivos. La Operación Niflheim revisó un esquema de presunto lavado que habría movilizado cerca de 55 mil millones de reales mediante estructuras financieras paralelas y remesas internacionales.
Las autoridades bloquearon posteriormente alrededor de 9 mil millones de reales. Además, la Operación Kryptos investigó un esquema piramidal que registró movimientos por 3 mil 800 millones de reales, incluso después del arresto de su principal responsable.
Secuestros y estafas en otros países
En Costa Rica, el bitcóin ha aparecido como medio de pago exigido en casos de secuestro. También se han reportado investigaciones por el uso de criptomonedas en operaciones de lavado y en campañas de desprestigio financiadas mediante activos digitales.
En República Dominicana, autoridades presentaron acusaciones contra personas y empresas que presuntamente promovieron inversiones falsas en criptomonedas. Algunos expedientes involucraron a decenas de víctimas y pérdidas por cientos de miles o millones de dólares.
Venezuela y el Petro
Venezuela lanzó en 2018 el Petro, una criptomoneda estatal respaldada por reservas petroleras y recursos minerales. La iniciativa fue cuestionada por su carácter centralizado, el control gubernamental del sistema y señalamientos sobre opacidad y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Los casos reunidos muestran que las criptomonedas no son, por sí mismas, sinónimo de actividad ilegal. Sin embargo, su uso en investigaciones financieras y penales ha obligado a las autoridades latinoamericanas a fortalecer los mecanismos de rastreo, congelamiento de fondos y cooperación internacional.