Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), rechazó la reforma constitucional aprobada por el Senado el 29 de septiembre de 2026 para exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“La lealtad a México se demuestra con actos, no con pasaportes”, afirmó Rubin, quien cuestionó que las personas con doble nacionalidad sean consideradas menos leales, menos capaces o un riesgo para el país únicamente por tener otra ciudadanía.
El Senado aprobó la modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución con 86 votos a favor y 42 en contra. El proyecto establece que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos y que no podrán adquirir una nueva después de ganar la elección.
Rubin sostuvo que la medida restringe derechos políticos y puede generar ciudadanos mexicanos de “primera” y “segunda categoría”. También preguntó dónde está la evidencia de que una persona con doble nacionalidad represente un mayor riesgo para México.
El dirigente de la AmSoc señaló que entre sus afiliados y asociados hay personas con doble o triple nacionalidad que participan en organizaciones vinculadas con la economía, las relaciones sociales y los intercambios culturales entre México y Estados Unidos.
La organización afirmó que mantendrá una interlocución abierta con autoridades, instituciones, líderes y fuerzas políticas, sin que ello implique respaldo partidista. Rubin reiteró que la AmSoc es apartidista en México y Estados Unidos y que defenderá los intereses de una comunidad binacional.
El presidente de la asociación consideró que la reforma es un “gravísimo error” y planteó que los esfuerzos del Gobierno y del Poder Legislativo deberían concentrarse en combatir la corrupción, la extorsión y los vínculos con el crimen organizado, en lugar de limitar la participación de mexicanos con doble nacionalidad.
Tras la aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a los congresos estatales y al Congreso de la Ciudad de México. Para continuar su proceso constitucional, deberá ser avalada por al menos 17 legislaturas locales antes de su eventual promulgación.