La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este jueves 1 de octubre de 2026 revisar la política del gobierno de Donald Trump que niega audiencias de fianza a determinados inmigrantes detenidos mientras enfrentan procesos de deportación. Los magistrados deberán decidir si las autoridades pueden mantenerlos bajo custodia sin permitir que un juez evalúe si deben continuar detenidos.
El caso plantea si las personas que han vivido durante años en Estados Unidos, pero que no cuentan con una admisión formal al país, pueden ser clasificadas bajo un régimen de detención obligatoria. La decisión podría definir el alcance nacional de una política que ha generado fallos contradictorios en los tribunales federales.
Una disputa entre tribunales federales
Jueces de tribunales de apelaciones de nueve de los 11 circuitos federales han concluido que negar una audiencia de fianza a estos inmigrantes viola la legislación migratoria. En contraste, los circuitos quinto y octavo han respaldado la postura del gobierno, según la cual las personas acusadas de ingresar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos deben permanecer detenidas mientras sus casos siguen pendientes.
La administración sostiene que su interpretación se basa en una ley migratoria aprobada en 1996 y que la división judicial ha provocado una aplicación desigual de las normas. Bajo ese esquema, una persona detenida en un circuito podría quedar bajo detención obligatoria, mientras otra en una jurisdicción distinta tendría la posibilidad de solicitar una audiencia y buscar su libertad bajo fianza.
El impacto para las personas detenidas
Los inmigrantes que impugnan la política están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles. Sus abogados sostienen que la nueva interpretación se aplica incluso a personas detenidas lejos de la frontera y sin importar cuánto tiempo hayan vivido en el país.
Antes del cambio impulsado por el gobierno de Trump, por lo general los inmigrantes sin antecedentes penales que eran detenidos dentro de Estados Unidos podían solicitar una audiencia ante un juez de inmigración. En esa audiencia se analizaban factores como el riesgo de fuga y la posibilidad de que la persona representara un peligro para la comunidad.
La Corte Suprema deberá resolver ahora si la ley permite ampliar la detención obligatoria a personas arrestadas dentro del territorio estadounidense o si, por el contrario, deben conservar el derecho a pedir una audiencia de fianza mientras se define su situación migratoria.