Un juez federal ordenó el jueves 17 de septiembre de 2026 que la administración de Donald Trump notifique con al menos 30 días de anticipación cualquier cambio físico importante en el Centro Kennedy, incluida una posible demolición del edificio principal, en Washington, D.C.
La decisión ocurrió después de que el recinto anunciara un cierre temporal de siete días para evaluar riesgos de seguridad relacionados con un deterioro estructural. El cierre se produjo en medio de una disputa legal por el futuro del complejo cultural y por los intentos de modificar su denominación.
La orden judicial exige aviso previo
La resolución establece que cualquier modificación relevante al alcance de los planes de obra debe comunicarse por escrito con más de 30 días de anticipación. La medida incluye expresamente una eventual demolición, aunque no representa una autorización para derribar el Centro Kennedy.
El tribunal también solicitó un informe detallado sobre el cierre temporal y las reparaciones de emergencia. Ese documento deberá presentarse el 23 de septiembre de 2026 junto con una declaración jurada de un representante con conocimiento de las condiciones del inmueble.
Cierre temporal en medio de una disputa política
La junta del Centro Kennedy decidió cerrar el edificio mientras se revisan las zonas que presentarían un deterioro estructural severo. La clausura se mantiene como una medida temporal y será reevaluada periódicamente.
El conflicto se intensificó después de que Donald Trump planteara públicamente la posibilidad de mantener cerrado el recinto y sugiriera que podría ser derribado. Fotografías difundidas durante esos días lo mostraron revisando un cartel relacionado con la demolición del Centro Kennedy.
La representante demócrata Joyce Beatty, integrante ex officio de la junta, promovió acciones legales para cuestionar el cierre y frenar los cambios impulsados por el gobierno. Tribunales federales también han bloqueado intentos previos de añadir el nombre de Trump al recinto.
Qué ocurrirá ahora
La orden obliga a informar con anticipación cualquier cambio físico importante, pero no resuelve de manera definitiva el litigio sobre el cierre, las reparaciones o el futuro del inmueble. El próximo informe judicial deberá aclarar la duración prevista de la clausura y el alcance de los trabajos de emergencia.