El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió a los países miembros tomar medidas colectivas contra el gobierno de Nicaragua, después de que el oficialismo impulsara reformas para impedir la participación electoral de opositores. La organización prevé realizar una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, aunque todavía no se ha definido la fecha.
Ramdin calificó como inaceptable la situación en Nicaragua y sostuvo que una condena no sería suficiente. Entre las posibles acciones mencionó sanciones financieras y restricciones de viaje contra personas determinadas.
La OEA busca reunir a los cancilleres
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 19 de agosto convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis nicaragüense. La propuesta recibió el respaldo de 26 países, mientras Brasil votó en contra y México se abstuvo.
Las conversaciones entre Estados Unidos, país anfitrión, y los demás integrantes del organismo continúan para establecer una fecha que permita la participación del mayor número posible de ministros de Exteriores. Ramdin expresó su expectativa de que el encuentro se realice poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre.
Reformas y exclusión de opositores
La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el 4 de septiembre un proceso de reforma constitucional que contempla restringir la participación electoral de opositores señalados por las autoridades como “traidores a la patria”. La iniciativa también plantea mandatos presidenciales de siete años renovables.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ejercen la conducción del gobierno nicaragüense, han sido objeto de críticas internacionales por la concentración del poder y la persecución de rivales políticos. Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, después de años de cuestionamientos de la organización a las actuaciones del gobierno.
La reunión definirá posibles acciones
Ramdin explicó que la OEA no puede imponer directamente sanciones contra Nicaragua porque el país ya no forma parte del organismo. Sin embargo, los cancilleres podrían analizar medidas individuales coordinadas por los Estados miembros.
La reunión extraordinaria será el siguiente paso para definir la respuesta regional ante las reformas electorales promovidas por el gobierno nicaragüense y sus posibles efectos sobre la competencia política.