El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 6 millones 279 mil pesos por honorarios a ocho personas cuyos servicios no pudieron ser acreditados documentalmente ante el Órgano Interno de Control (OIC), de acuerdo con la auditoría DAA/03/ESP/2025. Los pagos se realizaron entre enero de 2023 y septiembre de 2025, durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala.
La revisión no concluyó que los trabajos no se hubieran realizado en todos los casos. Sin embargo, estableció que el INE no presentó la documentación suficiente para comprobar el cumplimiento de las funciones previstas en los contratos de honorarios permanentes.
Qué detectó la auditoría
Cuatro de las personas observadas estaban adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración y otras cuatro a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En el primer grupo, el monto sujeto a aclaración fue de 5 millones 606 mil 725 pesos; en el segundo, de 673 mil 231 pesos.
El informe señaló deficiencias en la supervisión de cuatro prestadores de servicios de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, quienes no entregaron los informes de actividades requeridos. Por ello, el instituto debía aclarar los recursos observados a más tardar el 18 de marzo de 2026.
Además, la auditoría identificó inconsistencias en expedientes, perfiles profesionales, comprobación de actividades y documentación relacionada con el pago de honorarios en distintas áreas del INE. En la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se reportaron 43 inconsistencias documentales y en la Dirección Ejecutiva de Administración se registraron 27.
El instituto informó sobre montos pendientes
Tras la publicación del reporte, el INE informó que del monto de 673 mil 231 pesos observado por los pagos a cuatro trabajadores del Registro Federal de Electores quedaban por aclarar 552 mil 126 pesos. El instituto también indicó que una parte del monto correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Administración fue aclarada dentro del plazo establecido.
La revisión también encontró casos en los que las actividades reportadas no correspondían plenamente con el perfil contratado. Entre ellos se mencionó a una persona contratada como analista de viáticos y pasajes cuyos informes registraban labores de cerrajería y revisión física de mobiliario.
La auditoría documentó igualmente problemas en otras unidades administrativas, incluida la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad Técnica de Fiscalización.