Napoleón Gómez Urrutia, dirigente nacional del Sindicato Minero, demandó investigar la presunta contratación de células del crimen organizado por parte de empresas mineras para intimidar a trabajadores, intervenir en la vida sindical y vulnerar derechos laborales y humanos.
El líder sindical sostuvo que presentó denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y la Fiscalía General de la República, incluida una querella presentada el 19 de mayo de 2026. Sin embargo, afirmó que el expediente fue archivado inicialmente por la autoridad estatal y posteriormente devuelto a esa instancia por la fiscalía federal.
Denuncias sin resultados
De acuerdo con Gómez Urrutia, la investigación retomada en el ámbito federal el 30 de mayo permanece sin resultados. El dirigente cuestionó que ninguna autoridad haya respondido de manera concluyente a las pruebas presentadas por la organización sindical.
“Nadie ha respondido ni investigado a pesar de todas las pruebas presentadas; es lamentable que el procedimiento se alargue, mientras cada vez más corporativos proceden en el sentido descrito”.
El señalamiento incluye a consorcios mineros que operan en Zacatecas, entre ellos la empresa vinculada con la mina Camino Rojo. Una investigación difundida en marzo de 2026 por el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC documentó una grave denegación de derechos laborales en ese centro minero, así como actos de intimidación e interferencia patronal en la actividad sindical.
El caso de Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, fue relacionado con presiones para que trabajadores abandonaran al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y se incorporaran a otra organización sindical.
Investigación bajo el T-MEC
Gómez Urrutia señaló que desde febrero de 2024 denunció los hechos ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Según su versión, dos de los tres integrantes del panel votaron a favor de que México iniciara una investigación formal, mientras que el representante mexicano votó en contra.
La investigación formal comenzó el 26 de marzo de 2026 y contempla presuntas violaciones a derechos humanos y laborales, posibles vínculos entre una empresa y grupos delictivos, así como riesgos para la integridad y la vida de los trabajadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las personas que tengan pruebas sobre esos nexos deben presentarlas ante las fiscalías estatales o federales. En respuesta, el dirigente sindical afirmó que el Sindicato Minero ya entregó la documentación correspondiente y pidió que las autoridades den seguimiento efectivo a las denuncias.
El sindicato sostiene que la falta de avances mantiene en riesgo los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores mineros. Por ello, Gómez Urrutia insistió en que las autoridades investiguen tanto a las empresas involucradas como a los posibles grupos criminales que habrían intervenido en conflictos sindicales.