El gobierno de Estados Unidos presentó un cargo penal contra Wilber Rafael Garcés Pérez, el migrante venezolano de 28 años que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 20 de septiembre en Austin, Texas. La acusación sostiene que presuntamente agredió y se resistió a un agente federal durante un intento de detención.
La denuncia fue presentada ante una corte federal y podría implicar una pena máxima de hasta 20 años de prisión si Garcés es declarado culpable. El documento incluye una declaración jurada de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional que entrevistó al venezolano mientras permanecía detenido en el sur de Texas.
Versiones contradictorias sobre el disparo
De acuerdo con la versión de los agentes, Garcés intentó escapar después de que le ordenaron salir de su automóvil y el espejo retrovisor del lado del conductor golpeó en el torso al agente identificado con las iniciales L.G. Posteriormente comenzó una persecución que terminó cuando el oficial disparó.
Garcés ofreció una versión distinta durante una entrevista con el investigador federal. Afirmó que la camioneta del agente impactó su Toyota Corolla, provocó que el vehículo girara y que, una vez detenido, L.G. disparó a través de la ventanilla trasera derecha. La bala alcanzó la parte superior de su espalda.
La denuncia también señala que el agente que abrió fuego no llevaba una cámara corporal, por lo que no existe un registro de ese dispositivo sobre los momentos previos al disparo. Las autoridades locales y federales mantienen investigaciones separadas sobre el incidente.
Detención y situación médica
Los agentes localizaron a Garcés después de consultar las placas de su vehículo y determinar que existía una orden final de deportación en su contra. El migrante había llegado a Estados Unidos en diciembre de 2023 mediante CBP One y había solicitado asilo, según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.
Tras recibir el disparo, Garcés fue trasladado a un hospital y dado de alta horas después. La bala permanece alojada en su cuerpo y posteriormente fue llevado a un centro de detención para migrantes en Pearsall, al sur de Texas.
Su defensa presentó una demanda para solicitar la liberación inmediata y frenar su deportación mientras avanzan las investigaciones. Una audiencia ante un juez federal está prevista para el 30 de septiembre en San Antonio.