Décadas de extracción de materiales pétreos para la construcción devastaron las laderas de la sierra de Santa Catarina, entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México. Aunque la zona fue declarada área natural protegida en 1994 y la actividad carece de autorización, la mina del volcán Yuhualixqui continuó operando hasta el 17 de agosto de 2026.
La explotación afectó espacios de cultivo, modificó el paisaje y favoreció el crecimiento de asentamientos humanos en los alrededores. Vecinos de la colonia Lomas de San Lorenzo recuerdan que hasta hace aproximadamente 35 años todavía era posible subir por senderos a la cima del volcán y observar desde ahí una amplia vista de la Ciudad de México.
Una actividad que abasteció materiales para la ciudad
Información de la alcaldía Iztapalapa señala que, durante algunos periodos, la extracción llegó a cubrir hasta 50 por ciento de los materiales de construcción requeridos por la capital. Organizaciones vecinales, entre ellas el Frente de Defensa de la Sierra de Santa Catarina, impulsaron durante años acciones para detener las canteras.
La sierra forma parte de una franja volcánica ubicada en el oriente de la ciudad y sus condiciones ambientales han sido presionadas por la extracción, la expansión urbana y la pérdida de suelo. La remoción de materiales también puede afectar la estabilidad de las laderas, la infiltración del agua y la cobertura vegetal.
Clausuras y persistencia de la extracción
En agosto de 2025, autoridades capitalinas clausuraron 17 minas localizadas en suelo de conservación de Iztapalapa y Tláhuac. El operativo incluyó diez clausuras y la reposición de sellos en otros siete sitios que habían sido cerrados previamente, debido a que en la Ciudad de México no existen permisos para extraer materiales pétreos en esa zona.
Pese a esas medidas, la mina del Yuhualixqui mantuvo actividades hasta agosto de 2026. La alcaldía Iztapalapa colocó sellos de suspensión en sus accesos el día 17 de ese mes y aseguró dos camiones cargados con material que salían por la calle Providencia.
Mucio Israel Hernández Guerrero, director general de Gobierno y Protección Ciudadana de Iztapalapa, explicó que los predios pertenecieron a un ejidatario de Tláhuac que recurrió a amparos para mantener la explotación después de la declaratoria de protección ambiental. La suspensión de los accesos busca impedir que la extracción continúe en un área cuya actividad minera está prohibida.