Expertos en derechos humanos alertaron que el endurecimiento de las medidas económicas de Estados Unidos contra Cuba está profundizando la crisis de alimentos, medicinas, agua, transporte y energía que enfrenta la población de la isla.
La advertencia se refiere especialmente a la orden ejecutiva emitida el 29 de enero de 2026, mediante la cual el gobierno estadunidense estableció un mecanismo para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, incluso de forma indirecta. La medida comenzó a aplicarse el 30 de enero.
El impacto de estas restricciones se suma al embargo económico que Washington mantiene contra La Habana desde 1962 y a otras sanciones adoptadas durante los últimos años. En conjunto, las medidas han reducido el acceso de Cuba a combustibles y divisas, con efectos en servicios básicos y actividades esenciales.
Advertencia por los derechos humanos
La preocupación internacional abarca los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la educación y el desarrollo. También se ha señalado que la falta de combustible afecta la refrigeración de alimentos y medicamentos, el transporte, el riego agrícola y el funcionamiento de hospitales.
La situación ha provocado apagones frecuentes y dificultades para que millones de personas consigan alimentos, agua y transporte. Los efectos recaen con mayor intensidad en niñas y niños, mujeres, personas mayores y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
Los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política, porque las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir afectan las garantías básicas del derecho a la vida y la dignidad humana.
Nuevas sanciones y mayor presión económica
Durante 2026, Estados Unidos también ha impuesto nuevas sanciones contra empresas y personas vinculadas con el gobierno cubano. Washington sostiene que estas acciones buscan presionar a las autoridades de La Habana por razones de seguridad nacional, derechos humanos y política exterior.
La administración estadunidense ha defendido las restricciones como una herramienta para limitar los recursos del gobierno cubano y sus estructuras económicas. Sin embargo, las medidas han generado cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre la población civil y sobre la capacidad de la isla para mantener servicios esenciales.
El debate ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis económica marcada por la escasez de combustible, alimentos y medicinas. La advertencia internacional plantea que la comunidad de naciones debe actuar con rapidez para evitar un deterioro humanitario todavía mayor.
El llamado central es retirar las medidas que afectan el suministro energético y revisar las sanciones que obstaculizan el acceso de la población cubana a bienes indispensables. Mientras continúe la presión económica, los servicios básicos y los sectores más vulnerables permanecerán expuestos a nuevas afectaciones.