La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) contrató a cuatro empresas privadas para localizar en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas que tienen multas o sanciones migratorias pendientes. Los acuerdos contemplan un presupuesto máximo conjunto de 36 millones de dólares, con hasta 9 millones para cada compañía.
Las empresas Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group deberán ubicar a los deudores, verificar su identidad y entregarles notificaciones sobre los cargos. Los contratos también establecen que deberán respetar las leyes del país donde resida cada persona y no podrán representar judicialmente al gobierno estadounidense.
El expediente de la operación identifica a 66 mil 387 personas expulsadas de Estados Unidos con multas o sanciones pendientes. El monto estimado de los cargos administrados por el Departamento de Seguridad Nacional asciende a 423 millones de dólares e incluye a personas que salieron del país mediante una salida voluntaria.
Un mecanismo de cobro todavía sin resolver
Aunque la CBP busca notificar a los deportados en sus países de origen o residencia, Estados Unidos no ha explicado cómo pretende obligarlos a pagar en territorios donde no aplican automáticamente las leyes y facultades de cobro estadounidenses. El sistema previsto exige una cuenta bancaria en Estados Unidos y, ante las dudas de las empresas contratadas, la autoridad reconoció que no tenía definido otro método de pago.
Según el economista Iván González, el objetivo de los contratos es adquirir capacidad para localizar a personas deportadas, verificar sus identidades y hacerles llegar reclamaciones económicas que no pudieron cobrarse mediante mecanismos anteriores. Las empresas pueden recibir pagos de familiares u otras personas en nombre del deudor, lo que podría trasladar la presión a quienes permanecen en Estados Unidos.
Cartas de cobro y posibles efectos migratorios
Algunos deportados mexicanos ya recibieron cartas de cobro en México, de acuerdo con Juan Cuellar Torres, de la organización humanitaria Iniciativa Kino para la Frontera. Los avisos advierten que la deuda puede aumentar por intereses y ser considerada en futuras solicitudes migratorias.
La abogada de inmigración Ana González señaló que la operación en el exterior plantea dudas legales porque involucra a personas que se encuentran fuera de la jurisdicción estadounidense. También advirtió que una notificación podría afectar a quienes esperen regresar legalmente a Estados Unidos, aunque pagar una multa no garantiza la obtención de una visa ni elimina otras restricciones migratorias.
El Instituto Nacional de Migración informó el 8 de septiembre que no participa en el programa ni tenía conocimiento de la operación. Hasta la fecha de la información disponible, tampoco se habían anunciado medidas oficiales para impedir o supervisar los cobros en México; no se reportaron posturas equivalentes de Guatemala y Honduras.