La diputada federal del PRI, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para tipificar el delito de ecocidio en el Código Penal Federal, con penas de 15 a 30 años de prisión, multas de cinco mil a 50 mil días y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental.
La propuesta busca sancionar a quienes, de manera dolosa y por acción u omisión, provoquen impactos graves, extensos o irreversibles en los ecosistemas, la biodiversidad o los servicios ambientales. Para ello, plantea adicionar el artículo 416 Bis al Código Penal Federal y establecer parámetros para definir la afectación ambiental.
De acuerdo con la iniciativa, las penas podrían aumentar hasta en una mitad cuando el daño ocurra en áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera o sitios Ramsar; afecte a especies en peligro de extinción; comprometa el suministro de agua para consumo humano, o sea cometido por servidores públicos.
La legisladora sostuvo que México ha enfrentado afectaciones relacionadas con actividades industriales irregulares, deforestación, contaminación de cuencas hidrológicas y desastres ecológicos que, en algunos casos, reciben únicamente sanciones administrativas.
El progreso y la evolución de las sociedades no pueden justificar la destrucción de nuestro patrimonio natural ni poner en riesgo la vida de las presentes y futuras generaciones.
Además de las sanciones para personas físicas, la iniciativa contempla medidas contra empresas involucradas en la comisión del ilícito, como la suspensión de actividades hasta por diez años, la clausura definitiva, la cancelación de concesiones, la prohibición de operar y la disolución de la persona moral cuando haya sido utilizada para cometer el delito.
La propuesta también establece que la reparación integral del daño ambiental incluiría acciones de restauración, remediación y compensación. La diputada señaló que el objetivo es fortalecer las herramientas de procuración de justicia y proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4° constitucional.