La Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación de 6 contra 3 el 29 de abril de 2026, declaró inconstitucional el mapa congresional de Luisiana que había creado un segundo distrito mayoritariamente negro, al calificarlo como un “gerrymander” racial.
El fallo mayoritario, escrito por el juez Samuel Alito, sostiene que el uso de la raza para diseñar ese distrito no se justificaba conforme a la Constitución y que la aplicación de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto no puede obligar a los estados a trazar distritos basados en criterios raciales.
La decisión provocó efectos inmediatos en el calendario electoral: las autoridades de Luisiana suspendieron las elecciones congresionales previstas mientras se revisa la validez del mapa y las posibles alternativas.
La resolución abre además un debate nacional sobre el alcance de la Ley de Derecho al Voto y el papel de los tribunales en casos de redistribución electoral. Organizaciones de derechos civiles y legisladores expresaron su preocupación por una posible reducción de la representación política de comunidades minoritarias.
En su disenso, la jueza Elena Kagan advirtió que la decisión debilita la protección que el Congreso otorgó para evitar prácticas que diluyan el poder de voto de minorías raciales.
Reacciones políticas llegaron de inmediato: el expresidente Donald Trump celebró la decisión en su cuenta pública, y grupos conservadores la presentaron como un restablecimiento de la igualdad formal bajo la Constitución.
El fallo se produce en un contexto de múltiples disputas por la redistribución de distritos en distintos estados, y expertos alertan que podría tener consecuencias en las elecciones legislativas de 2026 si otros tribunales y legislaturas cambian mapas electorales en respuesta a la doctrina fijada por la Corte.
