Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue incluido el 29 de septiembre de 2026 en una acción de sanciones de Estados Unidos contra 21 personas y 25 entidades vinculadas con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa. La medida también alcanzó a su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
La designación estadounidense relacionó a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como operador de una facción del Cártel de Sinaloa en Baja California. El señalamiento sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades criminales y protegerlas de acciones gubernamentales y de seguridad en el estado.
Trayectoria política
Carlos Alberto Torres Torres nació en Mexicali, Baja California, el 18 de noviembre de 1975. Es abogado y desarrolló parte de su carrera política en el Partido Acción Nacional, organización que lo postuló como diputado federal de representación proporcional para la LX Legislatura, entre 2006 y 2009.
Durante ese periodo participó en las comisiones de Juventud y Deporte y Seguridad Pública, además de una comisión especial relacionada con el acceso digital. Antes había sido diputado federal suplente entre 2003 y 2006.
En 2010 fue candidato del PAN, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social a la Presidencia Municipal de Tijuana, elección que perdió frente al priista Carlos Bustamante Anchondo. Más tarde ocupó cargos en la administración federal durante el gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California.
Posteriormente fue electo diputado local por el Distrito XIII de Baja California para la XXII Legislatura. En ese periodo fue señalado por su participación en la operación política de la llamada Ley Bonilla, propuesta que buscaba ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla.
Torres fue expulsado del PAN en 2019 y después se incorporó a Morena.
Relación con Marina del Pilar
Carlos Torres contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando ella era alcaldesa electa de Mexicali y posteriormente gobernadora de Baja California. Durante la administración estatal de Ávila Olmeda fue designado coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos.
El nombramiento generó cuestionamientos por su relación con la mandataria y por las funciones que desempeñaba. La gobernadora sostuvo que se trataba de un puesto honorario, aunque Torres participó en proyectos de renovación urbana en Mexicali y Tijuana.
En 2025, Estados Unidos revocó las visas de Torres y de Marina del Pilar. Después, ambos hicieron pública la separación de su relación matrimonial.
Investigaciones y sanciones
En enero de 2026 se informó que la Fiscalía General de la República investigaba una presunta red relacionada con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la que habría sido mencionado Carlos Torres. El exfuncionario negó tener algo que ocultar y rechazó los señalamientos.
La acción anunciada el 29 de septiembre de 2026 por Estados Unidos representa un nuevo señalamiento contra el exlegislador. La medida incluyó a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y describió presuntos vínculos con operadores criminales en Mexicali y otras zonas de Baja California.
La designación también vinculó a Carlos Torres con pagos que presuntamente habrían sido canalizados mediante Pedro Mendivil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Estos señalamientos corresponden a la descripción de la medida estadounidense y no equivalen, por sí mismos, a una sentencia penal.
Las sanciones financieras estadounidenses bloquean los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos o en control de personas estadounidenses. También restringen las transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con los sancionados, salvo autorización específica.
El caso coloca nuevamente a Baja California en el centro de los señalamientos sobre presuntos vínculos entre estructuras criminales y actores políticos. El alcance legal de las acusaciones dependerá de las investigaciones y de las resoluciones que emitan las autoridades competentes.