La Audiencia Nacional de España rechazó el 17 de septiembre de 2026 la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para frenar la instalación de un campamento temporal destinado a la acogida de migrantes en el puerto de Ceuta.
Con la resolución, el Gobierno español puede continuar con la habilitación de las instalaciones en el muelle de Poniente, después de que el tribunal concluyera que no estaba justificada la suspensión urgente solicitada por el sindicato policial.
El tribunal delimita el alcance de la autorización
La orden del Ministerio de Transportes del 5 de septiembre autoriza el uso temporal de aproximadamente 16 mil metros cuadrados de terrenos portuarios para instalar el dispositivo de acogida. La Audiencia Nacional señaló que esa disposición no establece las condiciones concretas de atención humanitaria ni la forma en que los agentes prestarán sus servicios.
De acuerdo con la resolución, corresponderá al Ministerio del Interior definir las medidas de seguridad para los policías, los migrantes y el personal que opere en el campamento. El tribunal también tomó en cuenta que la autorización responde a razones de interés general y que prevé la colaboración del Ministerio del Interior para reforzar la seguridad del puerto.
La decisión judicial rechaza únicamente la medida cautelarísima, que se adopta de manera urgente y sin escuchar inicialmente a la otra parte. El procedimiento contencioso-administrativo continúa abierto mientras se analizan las alegaciones del Ministerio de Transportes y del SUP.
Un campamento en medio de la crisis migratoria
El Gobierno español sostiene que los terrenos del puerto son los más adecuados para atender la emergencia y que cuentan con garantías de seguridad. El espacio contempla carpas, áreas de descanso, enfermería, dispensario, servicios sanitarios, oficinas de atención e intervención social y una zona de seguridad.
La información difundida sobre la capacidad del dispositivo no es uniforme: la petición judicial y algunas coberturas sitúan el objetivo en hasta mil 700 migrantes, mientras que la orden ministerial se refiere a una capacidad aproximada para un millar de personas.
La instalación busca atender la situación generada por la entrada irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta a finales de julio. Varias miles permanecen todavía en la ciudad, incluidas personas que han levantado refugios improvisados en zonas de playa y enfrentan dificultades para acceder a agua potable.
Presión sobre el sistema de protección de menores
La crisis también ha rebasado la capacidad ordinaria de acogida para menores migrantes en Ceuta. El sistema, diseñado para 29 plazas, atiende actualmente a alrededor de dos mil 100 menores, según los datos difundidos por las autoridades españolas.
El Gobierno ceutí trabaja con el Ministerio de Juventud e Infancia en alternativas de atención, traslado y, cuando corresponda, reagrupación familiar. Mientras tanto, la resolución de la Audiencia Nacional permite que avance la instalación del campamento, aunque las condiciones específicas de seguridad aún deberán definirse dentro del procedimiento abierto.