La Asamblea Nacional de Nicaragua recibió este martes una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que propone ampliar el periodo presidencial de seis a siete años renovables y establecer mecanismos que podrían impedir la participación de opositores en procesos electorales, según la exposición leída en el pleno por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.
La propuesta llega luego de declaraciones del presidente Daniel Ortega en las que afirmó que “no volverá a haber elecciones”, y sus promotores argumentan que el cambio busca garantizar “estabilidad en visión, operatividad y continuidad”. El anuncio ha suscitado críticas y advertencias de actores internacionales preocupados por el adelgazamiento de garantías democráticas en el país.
El proyecto remitido al pleno incluye, según la exposición, disposiciones para elevar a rango constitucional inhabilitaciones y restricciones que analistas y opositores en el exilio consideran dirigidas a cerrar el espacio político. El oficialismo, que controla la Asamblea, defendió la iniciativa como una herramienta para ejecutar planes de desarrollo a largo plazo.
La propuesta formal fue remitida a una comisión especial de carácter constitucional para su análisis. Medios internacionales y organizaciones civiles señalan que, en años recientes, el gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo ha promovido reformas que concentraron poder en el Ejecutivo, incluida la designación de Murillo como copresidenta y la ampliación previa del periodo presidencial.
Fuentes diplomáticas y gobiernos extranjeros han manifestado su preocupación por la iniciativa y por los anuncios oficiales que ponen en duda la celebración de comicios competitivos. Las fechas previstas para la tramitación y eventual aprobación del proyecto todavía dependen de las etapas de comisión y del calendario legislativo.
Qué sigue: la iniciativa deberá ser evaluada por la comisión constitucional, pasar por lecturas en el pleno y, en caso de ser aprobada por el oficialismo, quedar sujeta a los plazos que determine la propia Asamblea. La medida, en cualquier caso, profundiza la crisis política que atraviesa Nicaragua y mantendrá la atención de la comunidad internacional.