Amnistía Internacional México y otras 37 organizaciones feministas y de derechos humanos pidieron al Congreso de la Unión retirar cualquier definición de “mujer” de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, actualmente en discusión legislativa.
Las organizaciones advirtieron que establecer una definición legal podría restringir la protección de las personas a quienes la norma busca amparar e invisibilizar las experiencias de mujeres indígenas, afromexicanas, lesbianas y trans. El debate se desarrolla mientras el Senado analiza una legislación general para homologar la prevención, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país.
Piden investigar las razones de género
En un comunicado, las organizaciones señalaron que una investigación por feminicidio debe considerar las razones de género y el contexto en que ocurrió la violencia, en lugar de concentrarse únicamente en la identidad de la víctima.
También alertaron que una definición restrictiva podría generar obstáculos durante la integración de las carpetas de investigación y en el acceso a la justicia. La preocupación se relaciona con el alcance jurídico de la iniciativa y con la forma en que las autoridades acreditarían los elementos del delito.
Más penas no resolverían las fallas, señalan
Las organizaciones consideraron que aumentar las penas o imponer mayores restricciones procesales no resolverá por sí solo las deficiencias en la prevención, las investigaciones y el acceso a la justicia.
“La sanción penal no equivale a reparación integral”, señalaron las organizaciones.
Explicaron que la reparación integral implica atender las consecuencias de la violencia, restituir derechos, reconocer a las víctimas y establecer garantías para evitar que los hechos se repitan.
Solicitan fortalecer la atención a víctimas
El posicionamiento también plantea reforzar las órdenes de protección, los refugios y los servicios de atención para las víctimas. Asimismo, las organizaciones advirtieron que eliminar de manera general mecanismos como el procedimiento abreviado podría prolongar los juicios y aumentar las cargas para las víctimas y sus familias.
El comunicado fue firmado por 38 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, EQUIS Justicia para las Mujeres, Fundar, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, México Unido contra la Delincuencia y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
La discusión legislativa ocurre en el marco de una propuesta que busca establecer criterios comunes para investigar y sancionar el feminicidio en las 32 entidades federativas. El llamado de las organizaciones es que cualquier reforma preserve una protección amplia, fortalezca la prevención y garantice justicia y reparación integral.